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Pero antes de entrar a la descripción de su contenido, que es relativamente sencillo de explicar, salvo alguna crítica en cuanto a la forma y la presentación sumaria, que pudo haber tenido una estructura más clara, es pertinente desglosar algunos criterios centrales que mejoren la comprensión y alcances de la extradición como procedimiento y proceso especial en el ámbito jurídico interno y externo y, de paso, realizar algunas anotaciones puntuales sobre los conceptos vertidos en el prólogo por el ministro Góngora Pimentel, pues a nuestro modo de ver, tal y como están planteados, pueden dar lugar a falsas apreciaciones en cuanto a la exacta naturaleza, fundamento y contenido del derecho internacional y del propio derecho de los tratados, así como sobre el sentido individual que hoy tienen los acuerdos de extradición al celebrarse en un ambiente caldeado por consideraciones políticas y técnicas, generalmente enmarcadas en el contexto complejo y dinámico de las relaciones jurídicas internacionales contemporáneas.
El caso de Assange ha generado un gran discussion sobre la libertad de prensa y la protección de los derechos humanos. Muchos defensores de los derechos humanos argumentan que la extradición de Assange a Estados Unidos sería una violación de sus derechos humanos y podría sentar un precedente peligroso para periodistas y activistas en todo el mundo.
* Al meditar sobre estos criterios fileé que hace algún tiempo, en ocasión del proceso de extradición del presunto felony argentino Ricardo Miguel Cavallo, requerido a México por el gobierno de España, el señor ex ministro de la SCJN, Juventino Castro y Castro declaró que tal petición se obsequiaba en virtud del "principio de la jurisdicción universal", lo cual causó desconcierto en los medios especializados pues, como bien sabemos, tal principio es un derecho de los Estados a detener, juzgar o entregar para su enjuiciamiento a un presunto responsable de un crimen internacional grave y pernicioso independientemente del lugar en que hubiera sido cometido, la nacionalidad de la víctima o del propio infractor; en tanto que, la extradición, que es lo que en el caso Cavallo estaba en proceso, descansa en el principio aut dedere aut judicare, que es un deber u obligación que tiene un Estado para extraditar a un sujeto requerido por otro Estado para su juzgamiento o castigo y con el cual, preferentemente, existe un tratado de extradición.
Miles de aspirantes quedan fuera de la UNAM y el IPN: “Ocho meses estudiando, leyendo, repasando. Sólo quiero desaparecer de este maldito mundo”
Una vez que se ha completado el proceso de extradición y se han cumplido con navigate here todos los requisitos establecidos por la ley, se toma una decisión sobre la extradición.
- El derecho a un abogado: todos los acusados tienen derecho a un abogado desde el momento en que son detenidos.
Si la resolución definitiva es CONCEDIDA, la extradición es notificada por las autoridades del Estado requerido a las autoridades de México, por lo que se inicia la coordinación para el traslado del extraditable a territorio nacional.
Uno de los casos más polémicos de extradición en Dinamarca es el de Julian Check This Out Assange, el fundador de WikiLeaks. Assange se encuentra actualmente en la embajada de Ecuador en Londres, donde ha estado refugiado desde 2012 para evitar la extradición a Suecia por cargos de agresión sexual.
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La extradición es el proceso mediante el cual un país solicita la entrega de una persona que se encuentra en otro país para ser juzgada o cumplir una condena.
El derecho penal en Dinamarca es un sistema bien estructurado y justo que protege los derechos de los acusados. Si te encuentras en Dinamarca y eres acusado de un delito, es importante que conozcas tus derechos y que busques un abogado para que te represente en el proceso penal.
El juicio se lleva a cabo ante un juez y dos jueces ciudadanos. Los jueces ciudadanos son ciudadanos daneses que son elegidos para actuar como jueces en casos penales. Los jueces ciudadanos tienen el mismo poder que los jueces profesionales en la toma de decisiones.
Más allá de los grandes instrumentos jurídicos en materia de delitos y crímenes internacionales en los que se establece la obligación de los Estados de perseguir, sancionar o extraditar a los responsables individuales de tales conductas, la comunidad internacional aún carece de un instrumento jurídico de carácter mundial en materia de extradición; los pasos más importantes al respecto se han dado en el ámbito regional mediante la adopción de la Convención Interamericana de Extradición de 1933 y de la de 1981, y el Convenio Europeo de Extradición de 1957.
Además, aborda las figuras jurídicas del orden público y el fraude a la ley, ampliamente estudiadas por el DIPr, a fin de establecer, para el caso de la primera, los límites que tiene un Estado para obsequiar o denegar una solicitud de extradición, y para el caso de la segunda, la forma artificiosa en que los Estados o el propio reclamado pueden modificar los puntos de contacto o conexión aplicables al procedimiento de extradición, con el fin de obtener beneficios particulares que se traduzcan en el obsequio o rechazo de la petición de extradición.